Cámara Torrelavega acogió ayer una reunión con los principales representantes del comercio de la ciudad:
Miguel Rincón, presidente de Apemecac; Javier Bedia, presidente de la Asociación de Hostelería de Cantabria; Cesar Muriedas, vocal de la AEHC en Torrelavega; Rodolfo del Barrio, representando a las asociaciones de comerciantes de la comisión homónima en Cámara; Julián Crespo de la asociación Emtorre; Aurora Coterillo, presidenta de la asociación de comerciantes Oteando; el comerciante Ángel Herreros y, en representación de Cámara: Ángel García Viñas, Carlos Augusto y Julio Fernández Iturbe.
A la reunión mantenida en la tarde de ayer acudió también el docente e investigador José Luis Moura, miembro del Grupo de Investigación Movilidad Sostenible e Ingeniería Ferroviaria (SUM+LAB) de la Universidad de Cantabria. Él fue el encargado de trasladar a los representantes de las distintas asociaciones qué son e implican las zonas de bajas emisiones, las limitaciones que pueden suponer, cómo debe ser el desarrollo de la movilidad sostenible en las ciudades para favorecer las bajas emisiones en paralelo a la implantación de zonas de bajas emisiones, la flexibilidad en la implantación y su impacto en la actividad económica.
En este encuentro las asociaciones, que recibieron información del encuentro convocado la semana pasada en el Ayuntamiento, al que Cámara Torrelavega asistió en calidad de oyente, reclamaron a la entidad cameral un papel de interlocución con al administración torrelaveguense que solicite:
1.- Una moratoria hasta el mes de diciembre en la delimitación de la zona de bajas emisiones, supeditada a la realización de un estudio que evalúe el impacto económico sobre el comercio de esta delimitación.
2.- La realización de un proceso de participación ciudadana que informe a los torrelaveguenses para, posteriormente, recabar las aportaciones de los ciudadanos y ciudadanas de Torrelavega.
3.- El análisis en paralelo de otras opciones como la posible exención de Torrelavega de esta zona de bajas emisiones, al igual que ocurrió en la ciudad de Pontevedra.
4.-Que en caso de ser obligatoria la implantación de la ZBE para no perder fondos europeos, dando cumplimiento a una obligatoriedad jurídica, se implante la zona delimitadora menor a expensas de saber el impacto económico real de la misma.
