Hace solo unos días conocíamos que, a partir del próximo año, Cataluña podría empezar a recaudar el 100 % de los impuestos generados en su territorio. Es decir, se haría cargo no solo de los tributos autonómicos —como sucesiones, donaciones, transmisiones patrimoniales o los tributos sobre el juego, que ya gestionan las comunidades autónomas—, sino también de los estatales, como el IRPF, el IVA y los impuestos especiales sobre la electricidad, el tabaco o el nuevo impuesto al plástico. Así lo recoge el acuerdo entre el Gobierno central y la Generalitat, que ha tomado impulso tras sellarse las bases de una llamada “financiación singular” para Cataluña, cuya finalidad está estrechamente vinculada a la creación de una Agencia Tributaria propia.
A esta noticia se sumaba, días después, el anuncio de que los partidos independentistas catalanes pretenden desarrollar un órgano judicial propio, el Consell de Justícia de Catalunya. Lo harían mediante enmiendas a la tramitación de la llamada “ley Bolaños” en el Congreso de los Diputados. Aunque este organismo ya estaba previsto en el Estatut de 2006, varios artículos que lo regulaban y le otorgaban competencias fueron anulados por el Tribunal Constitucional en su sentencia de 2010.
Además, en el marco de la propuesta de ley orgánica sobre la cesión de competencias en materia de inmigración, también registrada en el Congreso, se contempla que los Mossos d’Esquadra gestionen la seguridad en puertos y aeropuertos junto al resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Dado que una cesión total sería inconstitucional, el texto prevé que los Mossos estén presentes en las fronteras para cumplir las funciones que les atribuya esta ley, sin asumir el control exclusivo.
Ante este escenario, conviene recordar que en 2017 uno de los hechos más relevantes fue la incautación de un documento a Josep Maria Jové, en el registro de su domicilio, donde ya se describía un plan hacia la independencia catalana dividido en cuatro fases: preparación del Estado, reconocimiento internacional, creación de estructuras propias y medidas sectoriales.
En ese documento ya se apuntaba como objetivo clave la construcción de estructuras de Estado. Es decir, la creación de instituciones propias para Cataluña, como un sistema judicial independiente, una hacienda pública o cuerpos policiales y administrativos específicos.
Una vez descartadas otras vías, como la desobediencia civil, la única opción vigente sobre la mesa para el independentismo ha pasado a ser la negociación directa con el Estado español. Pero no debe olvidarse que el objetivo último no ha cambiado: sigue siendo la independencia.
Basta con observar las declaraciones públicas para confirmar que no se trata de una hipótesis. Las negociaciones siguen orientadas, según sus propios protagonistas, hacia una futura desconexión. El relato del procés no ha sido enterrado por los hechos del otoño de 2017; más bien se ha transformado estratégicamente.
Aquel proyecto inicial, que aspiraba a una desobediencia masiva y no violenta para forzar una negociación con el Estado sin llegar a “desplegar” un Estado catalán paralelo, ha dado paso a una apuesta más calculada y a medio plazo, donde la vía institucional y el refuerzo del autogobierno son vistos como escalones hacia el mismo destino final.
En este sentido, el independentismo parece moverse bajo la lógica descrita por Maquiavelo: en política triunfa quien sabe adaptarse a las circunstancias externas, sobre todo cuando le son favorables. Crisis económicas, descrédito del sistema surgido del 78 o escándalos de corrupción han contribuido a debilitar al Gobierno central, lo que les acerca, lenta pero estratégicamente, a su verdadero objetivo.
Saben que la apertura de nuevas oportunidades no depende completamente de ellos, pero sí les corresponde estar preparados para aprovecharlas. Esto pasa, entre otras cosas, por reforzar su presencia en las instituciones catalanas. Cuando hablan de “las instituciones”, no se refieren únicamente a las surgidas de procesos electorales. También incluyen otras estructuras clave, como el poder judicial, al que consideran un campo de batalla político prioritario. No es solo financiación. Es mucho más.
