El Gobierno de Cantabria trabaja en la creación de un registro de empresas para llevar a cabo la ejecución de los fondos europeos. Aquellas entidades que se encuentren registradas en un proyecto estratégico para la recuperación y la transformación económica (PERTE) serán consideradas preferentes para la colaboración con todas las Administraciones para lo cual el Clúster de la Industria del Besaya realizará las gestiones pertinentes .
El real decreto ley que prepara el Gobierno para ordenar y agilizar la gestión de los fondos europeos, y que se prevé que se apruebe en un consejo de ministros en el mes de diciembre, incluye la creación de un nuevo mecanismo de colaboración público-privada.
De acuerdo con el borrador del texto legal, al que ha tenido acceso Cámara Torrelavega, se califican como PERTE aquellos proyectos de carácter estratégico que tienen un importante potencial de arrastre para el resto de la economía y que exigen la colaboración entre administraciones, empresas y centros de investigación.
Será el consejo de ministros el que declare que un proyecto es PERTE o estratégico, a propuesta del ministerio competente en cada actividad.
El Gobierno prevé la creación de un registro estatal de las entidades interesadas en participar en estos proyectos estratégicos que dependerá del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. En él se inscribirán, no sólo las empresas privadas, sino también las públicas. Este listado será público.
Las sociedades registradas, de acuerdo con el texto, serán consideradas preferentes para la colaboración con todas las Administraciones Públicas no solo en relación con el proyecto en particular en el que participen, sino que se tendrá en cuenta de forma prioritaria para su nominación por España en relación con la participación en proyectos importantes de interés común europeo u otros programas europeos.
En general, las entidades que se registren en un PERTE tendrán carácter preferente para la suscripción de convenios con las Administraciones Públicas, así como para formar parte en consorcios con el sector estatal.
La inscripción en el registro podrá considerarse como un requisito necesario para ser beneficiario de subvenciones. Constar en él también permitirá suponer que concurren razones de interés público o económico a efectos de la tramitación de subvenciones de concesión directa.
El registro estatal de entidades interesadas en los PERTE se pondrá en marcha en un plazo de tres meses desde la entrada en vigor del decreto ley.
Antes, en el plazo de un mes de la entrada en vigor del real decreto, los departamentos ministeriales y organismos públicos encargados de la gestión de proyectos deberán tener elaborado un instrumento de planificación estratégica para los fondos. En concreto, deben contar con la programación anual de los contratos necesarios para desarrollar sus planes.
Urgencia en la gestión de contratos y subvenciones
Con objeto de agilizar la concesión de subvenciones, el decreto prevé la simplificación de la tramitación de éstas siempre que estén relacionadas con el uso de fondos europeos, hasta el punto de que se abre la posibilidad de utilizar el procedimiento de urgencia, en el caso de que razones de interés público lo aconsejen.
Ello implica que se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.
En este sentido, también se simplificarán los requisitos internos para la aprobación de las subvenciones y la documentación que se habrá de presentar por los beneficiarios. Incluso se contempla el otorgamiento de subvenciones de concurrencia no competitiva con cargo al fondo de recuperación cuando se vayan a financiar actuaciones o situaciones concretas que no requieran una valoración comparativa con otras propuestas.
La tramitación de urgencia se extenderá para la ejecución de gastos con cargo a fondos europeos. No solo se aplicará, por tanto, a las subvenciones, también se ejercerá en los contratos.
De esta manera, los plazos para emitir los informes o para cumplimentar los trámites quedarán reducidos a cinco días naturales, sin posibilidad de prórroga. Y los plazos fijados para la tramitación del procedimiento se reducirán a la mitad, salvo el plazo de presentación de proposiciones, que será de quince días naturales desde la fecha del envío del anuncio de la licitación.
Esta es una cuestión que genera cierta controversia, puesto que fuentes del sector de la consultoría afirman que es posible que Bruselas no acepte la gestión de urgencia de los contratos ligados a los fondos comunitarios. De ahí que el Gobierno es probable que espere a la publicación de las medidas orientativas de gestión administrativa de los fondos europeos para aprobar su decreto y, así, sus medidas no choquen con el esquema bruselense.
En todo caso, el real decreto permite la percepción de anticipos por parte de las empresas hasta el límite del 50% de la cantidad total a percibir.
Además, se elevan los umbrales económicos para recurrir a los procedimientos abiertos simplificados, ordinario y abreviado, para que resulten aplicables a un mayor número de co
