Al fin se han aprobado las ayudas directas tan ansiadas por las empresas españolas. El Gobierno destinará 7.000 millones a los autónomos y pymes más golpeadas por la crisis dentro de un plan de 11.000 millones que también incluye un fondo de reestructuración de los créditos avalados por el ICO durante el año pasado que gestionará la banca (3.000 millones) y un plan de rescate para recapitalización de pymes con la empresa estatal Cofides (1.000 millones).
El plan aprobado este viernes en Consejo de Ministros extraordinario contempla ayudas a fondo perdido (no reembolsables) de entre 3.000 y 200.000 euros para empresas y autónomos que hayan perdido al menos un 30% de sus ingresos en 2020 frente a los de 2019 a consecuencia de la pandemia. En concreto, los autónomos que tributan por régimen de módulos (estimación objetiva del IRPF) podrán optar a un máximo de 3.000 euros, mientras que el resto de autónomos y empresas, de 4.000 a 200.000 euros en forma de ayudas directas. En el caso de las micropymes y autónomos (hasta 10 empleados) podrán recibir hasta el 40% de la caída adicional de ingresos, y el resto de empresas hasta el 20% de la caída de ingresos.
Estos fondos tendrán que destinarse a pagar gastos fijos como salarios o arrendamientos, deudas con proveedores o entidades, así como al pago de suministros eléctricos. Y la Administración sabrá exactamente quién ha perdido el 30% de su facturación gracias a la ayuda de la Agencia Tributaria, que actuará como organismo fiscalizador de las ayudas y creará una plataforma donde proporcionará información sobre las cuentas de las empresas.
Otro de los requisitos para acceder a la ayuda es que la empresa pertenezca a uno de sectores destacados como los más afectados por la pandemia, entre los que se incluyen el comercio al por mayor y minorista, la hostelería, el transporte, actividades turísticas, mantenimiento aeronáutico, actividades deportivas o culturales, y así hasta 100 tipos de ramas empresariales.
La recepción de estas ayudas directas también supondrán la adopción por parte de los empresarios de ciertas obligaciones. Por ejemplo, la de mantener su actividad hasta, como mínimo, el 30 de junio de 2022, que no repartan dividendo ni aumenten los salarios de su equipo directivo durante un periodo de dos años y estén al corriente de sus pagos tributarios y de la Seguridad Social. Otros requisitos más sencillos de cumplir es que no tengan su domicilio en un paraíso fiscal y no estén en concurso.
Eso sí, estas ayudas tardarán en llegar al menos mes y medio. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que el Gobierno se ha «autoimpuesto» el plazo de un mes y diez días para tener formalizada la orden oficinal de reparto de los fondos, por lo que ya será cuestión de la rapidez que se den las comunidades autónomas en canalizar esas ayudas.
Todo parece indicar que en el mes de mayo las comunidades podrían comenzar a dar estas ayudas, aunque depende de cada comunidad una vez reciban el visto bueno del ministerio que dirige Calviño. Una situación que puede complicarse para algunas como la Comunidad de Madrid, donde el reciente anuncio de adelanto electoral podría dificultar la llegada de estos fondos.
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